En el Pleno Extraordinario celebrado el pasado jueves, 29 de marzo, fue aprobado el Plan de Ajuste municipal necesario para acogerse al Real Decreto Ley 4/2012 de pago a proveedores.
Previamente, hasta el 15 de marzo, fecha máxima estipulada, se presentó el listado de facturas de proveedores pendientes de pago de nuestro ayuntamiento. La deuda total, que sumaba el mencionado listado, ascendía a 900.000 euros aproximadamente. De esta cantidad, la partida más importante, 515.000 euros, corresponde al pago pendiente por la construcción de la segunda fase del colegio M. de Cervantes, a pesar de que hace pocas fechas ya se había hecho frente al pago de otros 188.000 euros, concerniente a una certificación cuyo importe ya había sido transferido al ayuntamiento gobernado por aquel entonces por Mª. Dolores Macías. Hay que señalar que este importe deberá ser transferido por la Junta a nuestro ayuntamiento, esperemos que más pronto que tarde.
Además de esos 515.000, figuran otras cantidades provenientes de los gobiernos socialistas. Entre ellas, diferentes importes reclamados judicialmente, como los 70.000 euros de asfaltado del recinto ferial, 51.000 del movimiento de tierras del mismo recinto, 40.000 de cattering en la famosa caseta municipal de varios años, 14.000 del monumento a la Memoria Histórica, 13.000 de digitalización de documentos, y otras cantidades de menor cuantía que no vamos a detallar. En su conjunto, las obligaciones reconocidas con proveedores de gobiernos socialistas suponen alrededor de 90% de esos 900.000 euros que hemos señalado.
Si a esto que señalamos, añadimos deudas ya saldadas con anterioridad, bien directamente por el ayuntamiento, bien por la vía de los embargos que venimos soportando todos estos años de la PIE (Participación en los Impuestos del Estado) y de la PICA (Participación en los Impuesto de la Comunidad Autónoma), más deudas con Hacienda y Seguridad Social, entenderán uds. el por qué tenemos que reiterarnos, una y otra vez, sobre estas circunstancias, ya que suponen un lastre de graves consecuencias para el normal funcionamiento del ayuntamiento.
Como señala el decreto ley 4/2012, la adhesión a esta fórmula de pago a proveedores lleva consigo la realización de un Plan de Ajuste económico que, en el mismo periodo de amortización del préstamo para liquidar esas mismas deudas, permita a los ayuntamientos alcanzar el equilibrio presupuestario; lo que viene a ser que los gastos no superen a los ingresos. Sencilla matemática que durante años se ha olvidado, cuando no menospreciado, en nuestras administraciones.
Este Plan de Ajuste que requiere un encorsetamiento de la economía municipal, no viene a suponer, en la práctica, nada nuevo, puesto que el actual equipo de gobierno, continuando con el esfuerzo de la anterior legislatura y depurándola aún más y realizando mayores esfuerzos de ahorro, viene aplicando fórmulas y centrando grandes esfuerzos en conseguir ese ansiado equilibrio. Y, yendo aún más lejos, se propone a lo largo de estos años, alcanzar fórmulas y acuerdos con Hacienda y Seguridad Social, para poder ir liquidando en un periodo razonable, que pudiéramos establecer en 10 ó 12 años, la deuda que con ellos se mantiene.
La propuesta para adoptar este Plan de Ajuste fue aprobada por unanimidad de los asistentes, con los 5 votos a favor de los concejales asistentes, 3 de IPLUC y 2 del PP.
Además de esos 515.000, figuran otras cantidades provenientes de los gobiernos socialistas. Entre ellas, diferentes importes reclamados judicialmente, como los 70.000 euros de asfaltado del recinto ferial, 51.000 del movimiento de tierras del mismo recinto, 40.000 de cattering en la famosa caseta municipal de varios años, 14.000 del monumento a la Memoria Histórica, 13.000 de digitalización de documentos, y otras cantidades de menor cuantía que no vamos a detallar. En su conjunto, las obligaciones reconocidas con proveedores de gobiernos socialistas suponen alrededor de 90% de esos 900.000 euros que hemos señalado.
Si a esto que señalamos, añadimos deudas ya saldadas con anterioridad, bien directamente por el ayuntamiento, bien por la vía de los embargos que venimos soportando todos estos años de la PIE (Participación en los Impuestos del Estado) y de la PICA (Participación en los Impuesto de la Comunidad Autónoma), más deudas con Hacienda y Seguridad Social, entenderán uds. el por qué tenemos que reiterarnos, una y otra vez, sobre estas circunstancias, ya que suponen un lastre de graves consecuencias para el normal funcionamiento del ayuntamiento.
Como señala el decreto ley 4/2012, la adhesión a esta fórmula de pago a proveedores lleva consigo la realización de un Plan de Ajuste económico que, en el mismo periodo de amortización del préstamo para liquidar esas mismas deudas, permita a los ayuntamientos alcanzar el equilibrio presupuestario; lo que viene a ser que los gastos no superen a los ingresos. Sencilla matemática que durante años se ha olvidado, cuando no menospreciado, en nuestras administraciones.
Este Plan de Ajuste que requiere un encorsetamiento de la economía municipal, no viene a suponer, en la práctica, nada nuevo, puesto que el actual equipo de gobierno, continuando con el esfuerzo de la anterior legislatura y depurándola aún más y realizando mayores esfuerzos de ahorro, viene aplicando fórmulas y centrando grandes esfuerzos en conseguir ese ansiado equilibrio. Y, yendo aún más lejos, se propone a lo largo de estos años, alcanzar fórmulas y acuerdos con Hacienda y Seguridad Social, para poder ir liquidando en un periodo razonable, que pudiéramos establecer en 10 ó 12 años, la deuda que con ellos se mantiene.
La propuesta para adoptar este Plan de Ajuste fue aprobada por unanimidad de los asistentes, con los 5 votos a favor de los concejales asistentes, 3 de IPLUC y 2 del PP.
